NO LO INVESTIGABAN
COBRABAN 30,000 SOLES MENSUALES.......
CESAR ALVAREZ CONTROLABA A FISCALES Y JUECES EN ANCASH.......
HACIA SANCIONAR A FISCALES PROBOS, HONESTOS, POR ATREVERSE A INVESTIGARLO
Los fiscales interventores fueron denunciados ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, que tras investigar los hechos ocurridos el pasado miércoles 13 de julio en Chimbote, decidió separar a los fiscales Fernando Jiménez Rodríguez, Francisco Javier Estrada, Miguel Ángel Vilca y Cristián Enrique Aceijas.
Ellos fueron acusados del delito de corrupción de funcionarios, mientras que el juez de investigación preparatoria, Richard Carhuancho, fue denunciado por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
“Fue una violación a la Constitución sobre la inviolabilidad de domicilio. Si no pedimos una acción ejemplar contra estos fiscales en cualquier momento puede pasarle esto a cualquier persona. Los fiscales han violado todas las normas procesales. Estos actos, parecen comprenderse solo por la supina ignorancia de los fiscales y del juez o por una sinuosa persecución política contra mi persona por la lucha contra la corrupción que LA PRIMERA promueve en Chimbote y en todo el Perú”, sostuvo Martín Belaunde.
En tanto, Heriberto Benítez, comentó que el allanamiento se trató de un acto criminal y delincuencial y que la responsabilidad de los fiscales será sometida a investigación por haber cometido un delito.
El allanamiento a las oficinas y el domicilio de Belaunde y Benítez fue avalada por seis fiscales, quienes cumpliendo con una orden judicial de descerraje de domicilio, llegaron hasta el local de la productora “Ilios Producciones S.A.C.”, de propiedad de Martín Belaunde, ubicada en la calle Los Pinos 600, en Chimbote, que fue violentada al extremo de romper la puerta del local.
En su pedido de allanamiento el fiscal superior Fernando Jiménez Rodríguez pidió al juez la detención de todos los trabajadores de la empresa, lo cual fue calificado como “un abuso de autoridad”, dado que no había aval para ello.
El allanamiento fue inducido por una infundada denuncia presentada por el excandidato al Congreso, Juan Calderón Altamirano, quien sostenía que en ese inmueble se guardaban armas, dinero y equipos de interceptación telefónica. Tras la incursión de la Fiscalía y la Policía Nacional no se encontró nada ilegal en el lugar.
La denuncia fue acogida por los fiscales tras las declaraciones del cuestionado Juan Calderón, quien acusó a LA PRIMERA de perjudicar su candidatura. “Él nos acusó indicando que por culpa del diario LA PRIMERA había perdido las elecciones, y a él es a quien los fiscales han hecho caso. Han violado el domicilio de mi oficina, de una productora de televisión que funciona en Chimbote, que es una sucursal de nuestra oficina principal en Lima”, refirió Martín Belaunde.
Luis Arroyo Guevara, abogado de Belaunde, manifestó que el allanamiento fue ilegal, “porque según el Código Procesal Penal se puede solicitar un allanamiento, pero cuando resulta previsible que no se le va a permitir (al fiscal) el acceso normal en ejercicio de su función”.
El congresista electo Benítez Rivas denunció ante la Fiscalía Suprema de Control Interno a los seis fiscales que participaron en el allanamiento de su domicilio, pero solo se sancionó a cuatro de ellos, porque los demás no fueron identificados.
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